Marcia Ugarte Barquero *
Guaria Cárdenes Sandí *
El control sobre el cuerpo de las mujeres ha sido una práctica cosmopolita ejercida por siglos. Estas, la invasión y utilización, han sido una constante (con sus variantes de exotismo cultural) en el imaginario social de las culturas, el cual coloca sus ojos sobre ellas e indica que se debe hacer con los cuerpos femeninos: como se deben comportar para ser “mujeres de verdad”, cuándo y cuáles debe ser sus prácticas sexuales, cómo deben lucir físicamente según las modas y los gustos del momento (90-60-90), cuál debe ser su papel dentro de los sistemas de producción, su rol en las agrupaciones políticas y religiosas. La sombrilla del patriarcado tiene un manual de “buenas prácticas” para cada ámbito de la vida de las mujeres, hecho que imposibilita que cada mujer independientemente de su experiencia de vida decida cuál es el camino que desea seguir.
Desde una visión más amplia de ética feminista, la posibilidad de decidir de y desde las mujeres es el derecho que tiene cada una de tomar decisiones con respecto a su cuerpo y a su persona sin intervención alguna del Estado, la sociedad o la iglesia, siendo terminantemente respetadas cualquiera de esas decisiones. Es hablar de que las mujeres sean reconocidas como sujetas de derechos y, por tanto, libres, autónomas, autodeterminadas y capaces para elegir y tomar decisiones sobre su sexualidad y su capacidad reproductiva, derecho a sentir placer y que este no sea controlado, a una vida sin violencia institucional, doméstica, en las calles, en todas sus formas, y, sobre todo, a construir una proyecto de vida autónomo.
Dentro de este marco, la despenalización del aborto consiste en eliminar el castigo penal a las mujeres que se han practicado un aborto y a quienes han ayudado en el proceso. Hablar de despenalizar es hablar del reconocimiento del derecho de las mujeres a disfrutar de una maternidad libre y voluntaria; apunta a fortalecer o establecer su dignidad, intimidad, autoridad y capacidad para resolver con responsabilidad los dilemas que se le presenten; al derecho sobre su sexualidad y reproducción; al desarrollo de un proyecto de vida libre de violencia; al acceso efectivo a servicios y atención médica y psicológica adecuados, así como a información, educación sexual y capacitación; a la atención integral de calidad, y al respeto a la salud, su integridad personal y su vida física. Es abogar por la reducción de la mortalidad materna por causa de abortos clandestinos inseguros, evitar sanciones penales, morales y sociales para las mujeres que por diversas razones recurren a un aborto, y tratos crueles, inhumanos y degradantes derivados de la obligación de cargar con embarazos que no tendrán el resultado esperado, como es el caso de los fetos con malformaciones no compatibles con la vida extrauterina o en casos de violación de niñas.
Sin embargo, al ver el panorama nacional nos percatamos que existen fuertes deficiencias en las políticas públicas, de salud y educación, que permitan el ejercicio de esa autonomía y autodeterminación de las mujeres. En este sentido, es una obligación de las sociedades y los Estados procurar el desarrollo de políticas y leyes que promuevan el crecimiento humano de hombres y mujeres por igual tomando en cuenta los elementos compartidos como especie y los específicos de cada sexo, que faciliten el acceso a la información y posibilidad de decidir sobre una serie de eventos, que no sean restringidas por el supuesto de mayorías y que impidan el desarrollo de procesos discriminatorios que minen las potencialidades individuales.
*Colectiva por el Derecho a Decidir
Publicado en: http://www.prensalibre.co.cr/2007/setiembre/28/opinion04.php
Desde una visión más amplia de ética feminista, la posibilidad de decidir de y desde las mujeres es el derecho que tiene cada una de tomar decisiones con respecto a su cuerpo y a su persona sin intervención alguna del Estado, la sociedad o la iglesia, siendo terminantemente respetadas cualquiera de esas decisiones. Es hablar de que las mujeres sean reconocidas como sujetas de derechos y, por tanto, libres, autónomas, autodeterminadas y capaces para elegir y tomar decisiones sobre su sexualidad y su capacidad reproductiva, derecho a sentir placer y que este no sea controlado, a una vida sin violencia institucional, doméstica, en las calles, en todas sus formas, y, sobre todo, a construir una proyecto de vida autónomo.
Dentro de este marco, la despenalización del aborto consiste en eliminar el castigo penal a las mujeres que se han practicado un aborto y a quienes han ayudado en el proceso. Hablar de despenalizar es hablar del reconocimiento del derecho de las mujeres a disfrutar de una maternidad libre y voluntaria; apunta a fortalecer o establecer su dignidad, intimidad, autoridad y capacidad para resolver con responsabilidad los dilemas que se le presenten; al derecho sobre su sexualidad y reproducción; al desarrollo de un proyecto de vida libre de violencia; al acceso efectivo a servicios y atención médica y psicológica adecuados, así como a información, educación sexual y capacitación; a la atención integral de calidad, y al respeto a la salud, su integridad personal y su vida física. Es abogar por la reducción de la mortalidad materna por causa de abortos clandestinos inseguros, evitar sanciones penales, morales y sociales para las mujeres que por diversas razones recurren a un aborto, y tratos crueles, inhumanos y degradantes derivados de la obligación de cargar con embarazos que no tendrán el resultado esperado, como es el caso de los fetos con malformaciones no compatibles con la vida extrauterina o en casos de violación de niñas.
Sin embargo, al ver el panorama nacional nos percatamos que existen fuertes deficiencias en las políticas públicas, de salud y educación, que permitan el ejercicio de esa autonomía y autodeterminación de las mujeres. En este sentido, es una obligación de las sociedades y los Estados procurar el desarrollo de políticas y leyes que promuevan el crecimiento humano de hombres y mujeres por igual tomando en cuenta los elementos compartidos como especie y los específicos de cada sexo, que faciliten el acceso a la información y posibilidad de decidir sobre una serie de eventos, que no sean restringidas por el supuesto de mayorías y que impidan el desarrollo de procesos discriminatorios que minen las potencialidades individuales.
*Colectiva por el Derecho a Decidir
Publicado en: http://www.prensalibre.co.cr/2007/setiembre/28/opinion04.php
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