http://www.prensalibre.co.cr/2007/diciembre/15/opinion04.php
Nuevamente ha saltado a la opinión pública el caso de Rosa. Esta situación, en extremo dolorosa, nos recuerda a muchas niñas que como ella sufren de abusos sexuales dentro y fuera de sus familias y viven en silencio, niñas que hoy se hallan en una cadena de abusos mientras sus agresores gozan de impunidad. Poco hemos avanzado como sociedad para prevenir la violencia sexual en contra de las niñas y los niños.
La niña Rosa fue embarazada a los 9 años y adicionalmente contrajo varias infecciones de transmisión sexual como resultado de los abusos. Esta situación justificaba un aborto terapéutico para salvaguardar su vida y su salud, de acuerdo con lo que la legislación costarricense autoriza. Por su edad, la niña no estaba preparada ni física ni emocionalmente para un embarazo, menos para un parto.
Interrumpir el embarazo fue la primera recomendación del personal médico a cargo del caso, criterio que cambia debido a la intervención de grupos religiosos y autoridades gubernamentales bastante conservadoras. Rosa fue trasladada a Nicaragua como una forma de proteger los derechos que acá se estaban violentando, su derecho a la vida y a la salud. Afortunadamente, el aborto se realiza en condiciones seguras y se pone fin un embarazo que amenazaba su vida, no así al riesgo de abusos sexuales futuros.
Sentemos las responsabilidades en quien corresponde. Ahora sabemos que el padre de Rosa también la abusaba, hecho que no necesariamente debe excluir acusaciones anteriores; Rosa, ahora adolescente vuelve a quedar embarazada como consecuencia del abuso y regresa al centro de la polémica.
Con un oportunismo exacerbado, grupos conservadores que se oponen a los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres, han señalado como las principales responsables a las organizaciones de mujeres que intervinieron en el caso apoyando a Rosa. De esta manera, se omite por completo la responsabilidad estatal, ya que el Estado por medio de sus instituciones es el principal garante de derechos humanos. En este caso, las instituciones costarricenses fallaron al no detectar el abuso por parte del padre y las instituciones nicaragüenses fallaron en el seguimiento al caso, cuando debían proteger a la niña de los riesgos de la revictimización.
Es indispensable recordar que Rosa, al igual que muchas otras niñas que viven esta situación, sigue siendo la víctima en esta historia. Su historia nos demuestra que nuestras instituciones aún no cuentan con los mecanismos adecuados para evitar el riesgo de abuso sexual en las niñas y los niños. Rosa nos recuerda la historia del aborto que debía practicarse y del abuso sexual que debía detenerse.
Paola Brenes Hernández
Colectiva por el Derecho a Decidir
derechoadecidir@yahoo.com.mx
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