Despenalización del aborto y veto presidencial en Uruguay

Uruguay:

Despenalizacion del aborto, veto presidencial y opinión pública

Diario La República
CONSTANZA MOREIRA (*)

"Y otros te culpan:
creen saber si está bien o mal,
salvo que lo sufran...
Entonces lo hacemos
pero es ilegal"

No te Va A Gustar

El martes 13 el presidente Tabaré Vázquez se reunió con una delegación de mujeres para analizar una nutrida agenda de género. Muchos fueron los resultados positivos de esta reunión. Sin embargo, sobre la Ley de Salud Reproductiva no hubo avances, y el Presidente reiteró su posición de anteponer el veto presidencial, en caso de que el Parlamento la aprobara.

El veto presidencial está establecido en la Constitución de la República (art. 168) y se refiere a la atribución presidencial de "poner objeciones o hacer observaciones a los proyectos de ley que le remita el Poder Legislativo, y suspender u oponerse a su promulgación". En la Sección VII se establecen las condiciones para hacer valer este veto y también para levantarlo, por el voto de tres quintos de los integrantes de cada Cámara.

Durante los cuatro mandatos presidenciales transcurridos hasta ahora, hubo distintas situaciones: los presidentes Sanguinetti (primer mandato) y Lacalle lo usaron veinticuatro veces, Jorge Batlle once, y Sanguinetti, en su segundo mandato, sólo cinco. El veto presidencial está relacionado con dos factores: el tamaño de la bancada parlamentaria que apoya al Presidente y el momento del período de gobierno. La probabilidad de veto tiende a aumentar cuando el Presidente no logra disponer de una mayoría parlamentaria propia, lo cual tiende a ocurrir más sobre el fin del mandato, especialmente en gobiernos de coalición. Pero no parece ser éste el caso ahora: el Presidente tiene su propia mayoría, que es de un partido solo, y que además, se comporta disciplinadamente.

Un tercer factor que se analiza cuando se estudian vetos, es lo "popular" o "impopular" de una medida. Un Presidente se puede ver recompensado electoralmente si interpone el veto a una legislación considerada impopular. ¿Cuán popular es la Ley de Salud Reproductiva? Bastante. Bastante más de lo que se piensa, al menos.

Los estudios realizados por distintas empresas (Equipos Mori, Interconsult, Radar, Cifra) muestran que en 2004 un porcentaje que oscilaba entre 55% y 61% de los entrevistados, estaba a favor de una ley que despenalizara el aborto. Como en esa ocasión el Presidente Batlle amenazó con vetarla, se preguntó la opinión a los entrevistados: 61% se manifestó en contra del veto. Estos mismos estudios, realizados desde 2000, muestran que los apoyos a la despenalización del aborto, desde que la presentación de la ley puso el tema en el debate público, son crecientes con el tiempo.

Quienes se oponen o apoyan la ley, reflejan segmentos distintos de la sociedad. Según el estudio de Interconsult de 2004, ante una posible consulta popular respecto a la despenalización del aborto, votarían por "sí" mayoritariamente las mujeres (60%), los más jóvenes (66%), las personas de mayor educación relativa (68%) y los no creyentes (68%). La religión opera en contra de la iniciativa: sólo el 48% de los católicos y 33% de los protestantes la aprobarían. Claro está, la mayoría de los votantes del Encuentro Progresista (68%) está a favor.

¿Por qué entonces el Presidente se opone a lo que sus bases electorales aprueban? Evidentemente no puede ser por cálculo electoral.

El Presidente fue elegido por un partido, y es sensible no sólo a la opinión de los políticos de ese partido, sino de los políticos de los otros partidos. ¿Cuán consistente es su actitud con la de la clase política en su conjunto?

A nivel de la opinión pública, los frentistas están mayoritariamente a favor, los colorados divididos y los blancos mayoritariamente en desacuerdo. La distribución del voto en Cámara de Diputados no representa estrictamente lo que blancos, colorados y frentistas declaran, aunque se aproxima: el 90% de los legisladores frentistas votó a favor de la iniciativa, sólo el 5% de los votantes del Partido Nacional y el 24% de los diputados colorados. En el Senado, las proporciones cambiaron. El partido Nacional votó en contra por unanimidad, sólo un senador del Partido Colorado votó a favor, y sólo un senador del Frente Amplio votó en contra. La votación en el Senado determinó el rechazo al Proyecto de Ley por 17 votos en contra, 13 a favor y una abstención.

Pero ¿qué hubiera sucedido si en las cámaras se hubiera votado según las opiniones de los votantes de cada partido? En un trabajo encargado por Mujer y Salud Ahora se realiza este ejercicio: el proyecto se hubiera aprobado por 20 o 21 votos en el Senado (al menos 13 del Frente Amplio, seis del partido nacional y uno o dos del Partido Colorado). Como se verá, los legisladores no funcionaron exacta- mente como "representantes" de la opinión de sus bases electorales, con la honrosa excepción del Frente Amplio.

Tabaré Vázquez esgrime otras razones: razones de "conciencia". Evidentemente, éstas no reflejan las de su propia profesión de médico. El Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay realizó una declaración pública el 27 de abril de 2004 en la cual sostiene que "los médicos en general y el SMU en particular" creen que "resulta inadmisible que haya una mortalidad materna de 23 cada cien mil nacidos vivos y que una de cada tres muertes maternas ocurridas entre 1997 y 2001 hayan sido a causa de complicaciones de abortos practicados en condiciones de riesgo". Señala asimismo que "la legislación actual en Uruguay viola todas y cada una de las principales características de la asistencia en salud", y que no ha logrado disminuir el número de abortos inducidos, sino que ha contribuido a su incremento. Frente a estas señalizaciones, "el SMU considera su deber expresar su posición a favor de la despenalización del aborto, en el entendido de que dicha modificación legal no obliga ni estimula, sino que, por el contrario, como ha sido demostrado por la experiencia internacional, disminuye su práctica".

Quedan otras razones de conciencia, que son las convicciones religiosas. Pero las convicciones religiosas son parte de la moral privada, como lo muestra la temprana separación entre la Iglesia y el Estado en nuestro país. Es evidente que existe una mayoría de los ciudadanos que están a favor de la despenalización del aborto, y es a esta "conciencia pública" a la que debe acudirse para decidir. Esto es exactamente lo que quiere decir la frase "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana".

* Constanza Moreira. Politóloga. Directora del Insituto de Ciencias Políticas