Por la despenalización del aborto terapéutico. Nicaragua

Comunicado de Prensa


Ante la Secretaria de la Corte Suprema de Justicia
RADICADAS INTERVENCIONES CIUDADANAS QUE APOYAN LA RESTITUCIÓN DEL ABORTO TERAPÉUTICO

Por primera vez en la historia jurídica nicaragüense fueron presentados cuatro “Amicus Curiae” o intervenciones ciudadanas procedentes de igual número de personas en representación de diferentes países, organizaciones y campos de conocimiento como respaldo al Recurso por Inconstitucionalidad Nº 1 de 2007 contra la Ley 603, presentado por Marta María Blandon y otros que penalizó la práctica del aborto terapéutico en el país.

Managua, mayo 8 de 2007. Ante el doctor Enrique Molina, Secretario de la Corte Suprema de Justicia, fueron presentadas cuatro intervenciones ciudadanas con los argumentos que los amigos de la Corte (Amicus Curiae) le ofrecen a los magistrados para ayudarles a decidir sobre la penalización del aborto terapéutico, tema que ha despertado el interés público.

Es la primera vez en la historia jurídica de Nicaragua que se acude a este recurso en el que terceros ajenos a un litigio, pero interesados en él, presentan sus posiciones. Así lo hicieron los doctores Aníbal Faúndes, reconocido Ginecobstetra brasileño; José David Ortiz, de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Monterrey, México; Mabel Bianco, especialista en salud Pública argentina; y el abogado y catedrático español Alfonso Ruiz Miguel.

La participación de estos expertos en los campos de la medicina y el derecho no sólo es legitima sino indispensable pues sus argumentos contribuyen a que los magistrados tomen decisiones a la luz de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales suscritos por el estado Nicaraguense.

Apoyos Internacionales

Las intervenciones ciudadanas radicadas en la Corte Suprema de Justicia se destacan porque provienen de personalidades y organizaciones internacionales de gran trascendencia por su conocimiento en el campo que compete a la demanda.

Todos los argumentos coinciden en que no hay prácticamente nadie –ni siquiera las mujeres- que esté a favor del aborto pero sugieren evaluar la legalidad de hacerlo cuando se presentan condiciones de riesgo para la vida o la salud de la mujer o cuando la viabilidad del feto es incompatible con la vida extrauterina.

En su intervención, el doctor Aníbal Faúndes - ginecobstetrra, catedrático de la Universidad de Campinas en Brasil y presidente de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)- asegura el verdadero dilema está en condenar o no a la mujer que aborta cuando su vida o su salud están en riesgo y considera que hacerlo es particularmente injusto en los casos de embarazo por violación, riesgo grave para la salud o la vida de la mujer y cuando existe una malformación congénita grave del feto.

Asegura, además, que el hecho de que sea ilegal no es un mecanismo eficaz para reducir las tasas de aborto, así como tampoco significa que legalizándolo las mujeres vayan a practicarse abortos compulsivamente.

Por su parte, los doctores José David Ortiz - miembro de la Comisión de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Sociedadades de Ginecología y Obstetricia, de Monterrey, México- y Mabel Bianco -especialista en salud Publica y epidemióloga, Directora de la Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer , de Buenos Aires, Argentina- aseguraron que además de ser un tema de salud pública que conduce a la práctica de más abortos inseguros e ilegales, la penalización del aborto terapéutico va en contra del derecho humano a la vida y a la salud que tienen las mujeres.

Bianco recordó que uno de los objetivos del milenio aprobados por todos los jefes de estado en 2000, en la Organización de Naciones Unidas, es la reducción de las tasas de mortalidad materna, entre ellas las vinculadas con el aborto.

Entre tanto, el abogado y catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Alfonso Ruiz Miguel hace una extensa exposición sobre los argumentos morales y ético-jurídicos que están en juego en la discusión sobre el aborto terapéutico.

Las cuatro intervenciones se sustentan en publicaciones e investigaciones y esgrimen contundentes argumentos que apoyan los expuestos por las demandantes de la ley 603

Confiamos en que los argumentos presentados ante la Corte Suprema de Justicia sean considerados y contribuyan a emitir un fallo en estricto derecho, soportado en el estudio de los principios consagrados en la Constitución nicaragüense y en jurisprudencia internacional ratificada por el país.

Mayte Ochoa